El Gobierno ha aprobado el reparto a las comunidades autónomas de una partida de 1.631 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Next Generation EU para rehabilitar edificios hasta 2023, lo que supone multiplicar por cinco el ritmo de rehabilitación anual vigente. Las convocatorias de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y de viviendas verán la luz en las próximas semanas en las distintas comunidades autónomas. Llegado este momento, serán las comunidades de propietarios quienes decidan optar a estas ayudas.
Sin embargo, “la rehabilitación de viviendas se sigue viendo, en muchos casos, como una carga. Y romper esta inercia será muy complicado”, afirma Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE). “El principal reto es convencer a los propietarios. Tenemos que ser capaces de explicar a los usuarios los beneficios que se obtienen cuando se invierte en rehabilitación, logrando mejorar su calidad de vida y el valor patrimonial de sus inmuebles”, señala.
En este plan de rehabilitación, la Unión Europea (UE) ha puesto el foco especialmente en las obras relacionadas con la eficiencia energética. Y este debe ser el objetivo fundamental, pero no el único. Así, los administradores de fincas colegiados consideran que las necesidades del parque inmobiliario son mucho más amplias: la accesibilidad, la estanqueidad de los edificios e incluso su ornato son algunas de ellas.
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Celebración de juntas de propietarios virtuales
También inquieta a estos profesionales la rigidez de los requisitos para la tramitación de las subvenciones. Desde el CGCAFE opinan que es necesario flexibilizar los trámites para facilitar su gestión de manera que dejen de ser una barrera que limite el desarrollo de los proyectos.
Con el objetivo de facilitar el acceso a estas ayudas, organismos como Banco Sabadell, que cuenta con un convenio de colaboración con el CGCAFE, se ponen al servicio de las comunidades de propietarios con ofertas exclusivas relacionadas con el Fondo Europeo Next Generation EU y la partida destinada a la rehabilitación de viviendas.
Por lo pronto, el Gobierno ha operado, a instancia de los colegios de administradores de fincas, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, siendo posible la celebración de las juntas de forma virtual hasta 2022. El objetivo es facilitar los acuerdos de aprobación de rehabilitación de edificios.
Sin embargo, en la práctica esta modificación en la ley está sirviendo para atender las cuestiones más urgentes, siendo todavía escasas las reuniones que se celebran para analizar proyectos que puedan beneficiarse de estas ayudas, reconoce Díez. “Hay que tener en cuenta que esta reforma que ha establecido las nuevas formas de adopción de acuerdos deberá prolongarse en el tiempo y normalizar las reuniones virtuales como está sucediendo en todos los sectores”.
De hecho, será algo necesario para superar el temor que mucha gente tiene todavía a participar en reuniones presenciales. “Las personas desean volver a la normalidad, pero este cambio no será instantáneo, sino un proceso a lo largo del tiempo que debe ir acompañado de soluciones alternativas para que no siga paralizada la actividad en este sector de la rehabilitación”, reflexiona el presidente del CGCAFE.
Además de esta reforma legislativa, el Ejecutivo ha optado por recuperar las desgravaciones fiscales a la rehabilitación para impulsar este sector. Una medida que los administradores de fincas llevan demandando desde hace mucho tiempo. “Tiene la ventaja de que es muy fácil de tramitar, no carga a la administración con más trabajo y es ágil”, apunta Díez.
Sin embargo, considera que no es suficiente. “La presión fiscal es elevada y hay que pensar en soluciones globales que afecten a más tributos, como las tasas municipales, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Todo lo que permita reducir costes puede estimular la demanda”, añade.
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Declarar las ayudas
Además, la obligación que tienen los propietarios de declarar este tipo de ayudas por la Ley de Subvenciones es una barrera en la toma de decisiones para abordar la rehabilitación de edificios y de viviendas. En este sentido, “hay un rechazo frontal a esta tributación en la gran mayoría de los propietarios”, reconoce Díez. El presidente del CGCAFE cree que el Gobierno debería reconsiderar esta regulación ya que provoca una gran rigidez en los posibles destinatarios de las ayudas, llegando incluso a bloquear la ejecución de algunos proyectos.
Las comunidades de propietarios beneficiarias de estos fondos tienen el listón muy alto: el objetivo comprometido con Europa es reducir hasta un 30% la demanda de energía procedente de los edificios. Para Díez, la energía más barata es la que no se consume y, para lograr importantes reducciones en la demanda de energía, será necesario mejorar el aislamiento actuando en la envolvente de muchos edificios. “Esto supone una gran inversión y en muchos casos será necesario encontrar fórmulas que permitan aprovechar los ahorros que se obtengan para financiar las inversiones”, concluye.
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